FUP repudia los nombramientos de asesores del senador Calcagno en perjuicio del dinero del pueblo argentino.
Diecisiete asesores en busca de un senador
El 10 de diciembre de 2007 Eric Calcagno asumió como senador nacional por el Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires. Llegó a la cámara alta cuando Cristina Kirchner se hizo cargo de la presidencia ya que figuraba como suplente.
El 27 de diciembre de 2007, es decir 17 días después de haber jurado como legislador, solicitó licencia sin goce de haberes para ocupar el cargo de subsecretario de la pequeña y mediana empresa y desarrollo regional del PEN.
Se reintegró a la cámara alta recién en julio de 2008 para votar a favor de la resolución 125, de retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Sin embargo, mientras desarrollaba funciones en el poder ejecutivo, su despacho se llenó de empleados, todos nombrados para asesorar al senador que gozaba de licencia. Me pregunto a quién habrán asesorado los asesores.
Según información publicada en la página del Senado www.senado.gov.ar, el DP (decreto de la presidencia de ese cuerpo) N° 09/2008 nombró a Héctor Diz, Paula Escaf, Javier Farias Brito, Juana Gallardo, José Giampa, Romualdo Goyeneche, Eric Hellberg, Matías Klein, Erica Malina, Gisela Martínez Stimpfl, Sergio Rabuszki, Rodrigo Sánchez Richieri y Marta Vega para desempeñarse en el despacho del senador Calcagno a partir del 10 de diciembre de 2007. Todos rentados, por supuesto.
El DP 124/2008, en tanto, designó a Juan Escobar en la categoría A-1 a partir del 2 de enero del 2008. Calcagno ya se encontraba de licencia.
El DP 135/2008 nombró a Jenny Araya Aguila entre el 10 de diciembre de 2007 y el 30 de junio de 2008, con una retribución mensual de 3.000 pesos.
El DP 610/2008 rescindió el contrato con Araya Aguila a partir del 1° de junio de 2008 y la nombró en la categoría A-6 a partir de esa misma fecha.
Por último, el DP 771/2008 designó a Jorge Traversa y a Leandro Marchi, ambos con categoría A-6, para cumplir funciones en el despacho de Calcagno a partir del 1° de julio de 2008.Tantos asesores –que pagamos entre todos- y a la fecha sólo presentó un único proyecto de ley, para declarar de utilidad pública un inmueble.
¿Quién es el responsable de que esta conducta sea posible? ¿Sabrán los bonaerenses quién defiende sus intereses en la cámara alta?
Fuente: http://hernanhaines.blogspot.com
